Marlaska rechaza decir a Transparencia cuántas personas han detenido ante el casoplón de Iglesias

El Ministerio del Interior ha rechazado una solicitud a través del Portal de Transparencia en la que se requería el «número de detenciones realizadas por la Policía y la Guardia Civil que vigilan el casoplón de Pablo Iglesias en Galapagar (Madrid)», así como «el motivo de dichas actuaciones». Este periódico ya informó de que el departamento de Fernando Grande-Marlaska intentaba retrasar la respuesta a esa petición, alegando motivos de «volumen y complejidad» de la información.

La petición se cursó el pasado 23 de diciembre. De acuerdo a la Ley de Transparencia, Interior disponía de un plazo de un mes para aportar la información requerida. Sin embargo, haciendo uso de la misma Ley, el Ministerio retrasó la respuesta notificando al interesado, con fecha 22 de enero, que el plazo se ampliaría un mes más. Pasado este tiempo, sin embargo, el departamento no ha emitido ninguna respuesta, con lo que la petición se entiende desatendida.

Interior evita así responder a la polémica por el elevado número de detenciones llevadas a cabo en los alrededores del chalet que Pablo Iglesias e Irene Montero poseen en la localidad madrileña de Galapagar.

Varios de los arrestados habían acudido sencillamente a protestar por la gestión de los ministros podemitas.

En los últimos meses han trascendido a los medios de comunicación numerosas detenciones en los alrededores del chalet que Pablo Iglesias e Irene Montero poseen en la localidad madrileña de Galapagar (Madrid). Varios arrestados habían acudido sencillamente a protestar por la gestión de los líderes podemitas en la pandemia del coronavirus.

Entre los casos que han tenido trascendencia mediática se encuentra el de Miguel Frontera, un vecino al que Iglesias quiere meter en la cárcel por manifestarse ante su vivienda y llamarle «garrapata». Como recogió recientemente OKDIARIO, la abogada de Frontera ha presentado un escrito ante el juez en el que se destaca que el vicepresidente segundo del Gobierno ha defendido públicamente al delincuente Pablo Hasél, condenado por enaltecimiento de ETA e injurias a la Corona, alegando que dichas afirmaciones son «libertad de opinión». Fuentes de la defensa han explicado a este diario que también sería libertad de expresión llamar «chepas o garrapata» al líder de Podemos.

«En vista de los actos del denunciante tendentes a despenalizar los delitos de injurias a la Corona e instituciones del Estado; despenalizar los delitos contra los sentimientos religiosos; o el delito de enaltecimiento al terrorismo por, según Iglesias, poner en riesgo la libertad de expresión, y en vista a la insistencia del denunciante para que Pablo Hasél –con antecedentes penales– no acuda a prisión, insto al denunciante a retirar la querella contra mi representado», se recoge en concreto en el escrito.

Iglesias solicita ocho años de prisión para Frontera, por seis delitos: acoso, descubrimiento y revelación de secretos, desobediencia a la autoridad, alteración del orden público y, por último, otro delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Una madre y una hija se enfrentan también a seis meses y un año de cárcel por el mismo hecho: quejarse por la gestión del Ejecutivo.

Algunos procesos judiciales están aún en marcha. Otros han terminado. Es el caso de dos mujeres, Claudina y Ascensión, arrestadas por llevar banderas de España y hacer sonar el himno con un móvil ante el casoplón de Iglesias. Fueron imputadas por desobediencia, pero finalmente resultaron absueltas.

Opacidad

El Ministerio de Fernando Grande-Marlaska ha recubierto de falta de transparencia todo lo relativo a las actuaciones de las Fuerzas de Seguridad en la vivienda de la pareja ministerial.

Así, el Gobierno ha blindado como «secreto oficial» cualquier dato sobre el ingente dispositivo que se encarga de la seguridad del chalet. Cabe recordar que de la vigilancia se ocupa ahora la Policía, después de que Iglesias solicitase al ministro del Interior que relevase a la Guardia Civil de este servicio. El motivo de ese cambio fue, según se publicó en su día, la pérdida de confianza de Iglesias y Montero en el Instituto Armado después de que la noche de las elecciones autonómicas de julio del año pasado una persona se encaramase a la valla del casoplón y grabara a la pareja y un colaborador del partido mientras seguían la hecatombe electoral de Podemos en Galicia y el País Vasco.

La Guardia Civil, como informó OKDIARIO, llegó a emitir una orden de servicio a los agentes encargados de la vigilancia de la vivienda en la que se les exigía que evitasen «realizar corrillos, así como elevar el tono de voz o causar molestias innecesarias a las autoridades residentes y demás vecinos próximos».